El resultado del estudio sobre los crímenes cometidos por el ELN y las bacrimes está en manos del fiscal general y nadie ha tenido acceso por confidencialidad. ¿El país debe conocerlo?
El nombre de Natalia Springer va y viene en la Fiscalía. Es como un fantasma que no deja de rondar a muchos funcionarios que han visto cómo con la millonaria contratación que se le entregó le hizo un daño enorme al ente acusador. Otros han defendido esa actuación porque, dicen, con sus estudios la entidad fortalecerá su aparato investigativo.
El 8 de febrero Semana.com reveló que la polémica analista no cumplió con la entrega de la fase final del contrato 253 del 3 de julio del 2015 con el que se comprometió a prestar sus servicios de asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico al fiscal general, Eduardo Montealegre.
Se trata de uno de los tres contratos obtenidos con el ente acusador para las investigaciones de los crímenes cometidos por el ELN y las bandas criminales (bacrimes) en el marco del conflicto armado de Colombia, el cual estaba cuantificado en 3.085 millones de pesos.
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